Por Abogada Sandra Olaya.
La corrupción en sus diferentes manifestaciones, incluido el soborno, es uno de los fenómenos más complejos de enfrentar a nivel mundial y del cual ningún país, región o comunidad es inmune. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), anualmente se roban 2,6 billones de dólares mediante corrupción y se pagan sobornos por valor de un billón de dólares; cifras que equivalen a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial.
En términos de la región, América Latina y el Caribe, el problema no es menos grave. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2017[1] los habitantes de los diferentes países consideran que la corrupción va en aumento, que policías y políticos son los más corruptos, que la actuación del gobierno en lucha contra la corrupción es deficiente y que al menos 90 millones de personas de los 20 países de la región pagaron un soborno en la gestión de un servicio público. Frente a lo anterior, sólo 1 de cada 10 denuncia la corrupción y de ellos, un 28% fue objeto de represalias o consecuencias negativas. Sin embargo, vale la pena resaltar que el 70% de los encuestados están de acuerdo en que las personas comunes pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
En cifras, Colombia ocupa el puesto 97 (entre 180 países) en el Índice de Percepción de la Corrupción[2] con una puntuación de 37 sobre 100, donde 0 equivale a una percepción de muy corrupto y 100 a una percepción de ausencia de corrupción, lo que significa un gran trabajo por hacer.
Frente al panorama poco alentador, Colombia ha venido trabajando desde varios flancos en la lucha contra la corrupción, incluido el soborno, bajo el entendido de que su presencia tiene efectos negativos en el orden económico, político, social y cultural. La firma de Convenciones internacionales y una amplia legislación no han sido suficientes, por lo que se requiere la corresponsabilidad de los demás sectores. Es así como el sector privado ha venido adelantando acciones e iniciativas como por ejemplo, el cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo, la implementación de “Compliance Programmes”, la información pública de las políticas de responsabilidad social corporativa, la elaboración e implementación de códigos de ética, entre otros.
Entre las múltiples herramientas, se encuentran las normas ISO, cuya certificación aporta un valor incuestionable a las actividades y procesos de una entidad. Es de resaltar la implementación de la norma ISO 37001, la cual permite identificar los riesgos de soborno a los que se enfrenta una organización (pública, privada o sin fines de lucro), o una parte de ella, y en esa medida crear un sistema de gestión anti soborno, que le ayude a cumplir sus obligaciones legales, mitigando los costos, daños y riesgos del soborno, aumentando los niveles de confianza, la seguridad en las transacciones y la reputación.
La norma ISO 37001 se diseñado como norma certificable, lo que significa que una organización independiente y debidamente aprobada para ello, ejecutará una auditoría a la organización que implemente la norma, y si concluye que la gestión es conforme con el modelo emitirá una certificación de alcance global. La ISO 37001 se beneficiará de toda la infraestructura de ISO, tanto en las herramientas de la norma, como todo el sistema de revisión del modelo y su proceso de auditoría.
[1] El Barómetro Global de la Corrupción son informes periódicos elaborados por la ONG Transparencia Internacional. Para 2017, el informe se llevó a cabo a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos que viven en 20 países de América Latina y el Caribe. En la Encuesta se consulta sobre experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y sobre percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.
[2] El Índice de Percepción de Corrupción se realiza cada año por parte de la ONG Transparencia Internacional. Su puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).